- El especialista admite que el 90 por ciento de las quejas presentadas ante las Naciones Unidas sobre vivienda provienen de España.
- Según él, la normativa española no obliga a los jueces, ante un desalojo, a considerar en cada caso la situación particular del inquilino y la del propietario.
- Afirma que el desalojo de Maricarmen es una gran crueldad y “que la rentabilidad de la inversión no compensa esa crueldad”.
Koldo Casla, relator de Vivienda de la ONU: “Un mercado del alquiler corporativo no es contrario al derecho internacional, siempre que se regule bien”
